Betssy Chávez, exministra del gobierno de Pedro Castillo, reapareció este martes tras ocho días en huelga de hambre, denunciando presuntos abusos por parte de las autoridades penitenciarias del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
Durante la audiencia del juicio oral por el intento de golpe de Estado liderado por Castillo, Chávez afirmó haber sido víctima de hostigamiento por parte de la directora del penal, Nelly Aquino, a quien acusó de difundir “información difamatoria” y de abrirle hasta seis procesos disciplinarios por supuestas inasistencias a diligencias judiciales.
“Lo que se busca es enviarme a aislamiento total, con sanciones graves que no corresponden”, declaró la ex premier, asegurando además que ha sido fotografiada durante una reciente visita de fiscalización parlamentaria y que no se le ha brindado la atención médica necesaria tras su huelga de hambre. Desde Simple Noticias, se observa que estas denuncias ponen nuevamente sobre la mesa las condiciones de detención y el manejo especial de figuras políticas involucradas en investigaciones por delitos graves contra el Estado.
Chávez sostiene que el conjunto de medidas adoptadas contra ella sería parte de una estrategia para justificar su permanencia en una “celda de castigo” por 45 días. Asimismo, solicitó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos para supervisar la situación en el penal, denunciando lo que considera una vulneración sistemática de sus derechos.
Este episodio reaviva el debate sobre cómo se gestionan las condiciones penitenciarias para personajes de alto perfil político y pone en evidencia la tensión entre la administración de justicia y las garantías mínimas de los detenidos, un tema que sigue generando atención y controversia entre diversos sectores del país.
