Crisis de legitimidad en la Junta de Fiscales Supremos: 14 denuncias constitucionales en trámite.
La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público atraviesa una situación sin precedentes, al acumular un total de 14 denuncias constitucionales ante el Congreso de la República, según registros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Este hecho genera cuestionamientos sobre la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, encabeza la lista de denunciados con al menos cinco casos en trámite. Entre los más recientes, figura una denuncia de la bancada de Renovación Popular que la acusa de presuntamente favorecer al fiscal Pablo Sánchez al archivar investigaciones vinculadas al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por los presuntos delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.
Otro expediente, presentado por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, señala a Espinoza por presunto abuso de autoridad, acceso indebido a dispositivos personales y filtración de información reservada a la prensa. Esta denuncia también ha sido admitida a trámite por la SAC.
El congresista Jorge Luis Flores presentó adicionalmente un caso en el que Espinoza habría solicitado información sobre votaciones internas del Congreso, relacionado con el expediente conocido como ‘Los Niños’. Este proceso involucra también al fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien supuestamente habría otorgado facultades excepcionales a Espinoza mediante resolución interna.
Además, Espinoza, Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos enfrentan dos denuncias conjuntas: una por supuesta vulneración de normas que otorgan facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú y otra por presunta desobediencia de una orden judicial que instruía la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema.
Entre los casos más antiguos destaca la denuncia del congresista Alejandro Muñante contra Pablo Sánchez, vinculada a los denominados ‘CNM Audios’ de 2018, ocurrida en la sede del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Finalmente, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, recientemente reincorporado, también enfrenta una denuncia constitucional por presunta organización criminal y tráfico de influencias, presentada por la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. Esta investigación ya concluyó su etapa preliminar y está a la espera del informe final de la SAC.
Este panorama evidencia una crisis de legitimidad inédita en la Junta de Fiscales Supremos, donde todos sus integrantes están implicados en investigaciones constitucionales. La situación refuerza la necesidad de fortalecer mecanismos de control y supervisión, así como de garantizar transparencia y confianza en la conducción del Ministerio Público frente a la ciudadanía.
