En medio de un debate que ha encendido la polémica en el país, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, defendió públicamente el reciente aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, cuyo salario pasó de 16 mil a más de 35 mil soles mensuales, un incremento que ha generado rechazo entre diversos sectores de la ciudadanía.
Salhuana, parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), argumentó que el ajuste busca corregir un desorden en la escala salarial del sector público, donde otros funcionarios reciben montos similares o incluso mayores. Sin embargo, reconoció que “el momento no ha sido el más adecuado” para aplicar el incremento, dado el contexto económico y social del país.
Desde Simple Noticias, se señala que este respaldo del titular del Parlamento llega en un periodo de creciente descontento ciudadano, donde la aprobación del Congreso apenas alcanza el 3% según recientes encuestas. La situación evidencia una brecha entre las decisiones administrativas del Legislativo y la percepción de la población, que cuestiona la prioridad de aumentos salariales en plena crisis económica.
Además, Salhuana fue consultado sobre la reciente investigación fiscal contra Boluarte, relacionada con presuntos aportes irregulares durante la campaña de 2021, cuando fue candidata a vicepresidenta junto a Pedro Castillo. Aunque evitó dar detalles, reiteró su respaldo a la institucionalidad y enfatizó la necesidad de respetar los procesos legales.
Expertos en política y administración pública señalan que este tipo de justificaciones técnicas no siempre logran calmar la indignación social. La percepción de privilegios en la cúpula política puede erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y aumentar la polarización, especialmente cuando las decisiones afectan directamente a figuras públicas con gran visibilidad mediática.
El debate continúa abierto y, desde Simple Noticias, se observa que la forma en que el Ejecutivo y el Congreso manejen este tipo de decisiones será crucial para restaurar la credibilidad y acercar la gestión pública a las demandas reales de la población.
