En Simple Noticias se puede ver que la condena del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, a 12 años de prisión domiciliaria ha generado un auténtico terremoto político en el país vecino. El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá lo halló responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal, imponiéndole además una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 3.400 millones de pesos colombianos.
Según medios locales, Uribe habría presionado —directa o indirectamente— a testigos clave como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco para modificar sus versiones en procesos vinculados con supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo. La jueza Sandra Heredia aplicó aumentos por concurso homogéneo y heterogéneo de delitos, sumando un total de 144 meses de condena.
Como se puede en las redes sociales, la reacción de sectores políticos y ciudadanos no se hizo esperar. Mientras algunos celebran el fallo como un paso hacia la rendición de cuentas, otros consideran que se trata de una clara persecución política contra el líder del partido de derecha Centro Democrático. El contexto no ayuda: muchos detractores acusan al gobierno de Gustavo Petro, de línea izquierdista, de presionar sobre los órganos de justicia.
El origen de este proceso judicial tiene su propia ironía histórica. La investigación contra Uribe comenzó en 2012, tras una denuncia que él mismo presentó contra el entonces senador Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos. En un giro inesperado, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y abrió un caso contra Uribe, alimentando aún más las sospechas de judicialización con sesgo político, un escenario que los analistas describen como “un juego de ajedrez con piezas que cambian de tablero sin avisar”.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente defendió su postura:
“Hay que pensar mucho más en la solución que en el problema. Por eso estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material”.
El fallo contra Uribe —el primer expresidente colombiano condenado por delitos vinculados a la justicia— ha sacudido la política del país. Como se puede ver en Simple Noticias, mientras sectores progresistas celebran la decisión como un avance hacia la rendición de cuentas, otros denuncian lo que consideran una cacería política contra la oposición. En un país donde la polarización ideológica alcanza niveles críticos, la condena se convierte en un nuevo capítulo de un drama político que parece lejos de cerrarse.
