En Simple Noticias podemos ver que la polémica sobre el regreso de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación sigue generando titulares y debates dentro de los pasillos del Ministerio Público.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo recientemente que la reincorporación de Benavides no está garantizada, a pesar de que la Corte Suprema anuló la suspensión de 24 meses que pesaba sobre ella.
Según medios locales, Delia Espinoza advirtió que aún existiría otra orden de suspensión emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que requiere aclaración, dejando entrever que el panorama legal no está del todo despejado.
“Este es un procedimiento que debe culminarse a nivel de la Junta Nacional de Justicia”, declaró Espinoza en conferencia de prensa, después de informar que ha solicitado una respuesta formal al ente encargado de la designación y sanción de fiscales.
Como se puede ver, la controversia no es nueva, la JNJ ya había ordenado la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema, pero Espinoza objetó la decisión, apoyándose en la Junta de Fiscales Supremos para mantenerse como la máxima autoridad del Ministerio Público.
Para los abogados de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación ha sido víctima de vulneraciones a sus derechos constitucionales. La suspensión de 24 meses, aplicada según ellos sin debido proceso y sin pruebas concluyentes, fue recientemente anulada por el Poder Judicial, lo que refuerza su posición.
Sin embargo, Delia Espinoza insiste en que existe una suspensión de 60 días todavía vigente y que la Fiscalía de la Nación no ha recibido aún directivas claras para restituir a Benavides en su cargo. “Recuerden que uno de los procedimientos en su contra la suspendió por 60 días. Esa es una de las consultas que estamos haciendo y aún no tiene respuesta”, manifestó la fiscal, dejando entrever que el conflicto administrativo aún no tiene un desenlace definitivo.
Como si la situación no fuera suficientemente compleja, la fiscal también responsabilizó al gobierno de Dina Boluarte por la falta de presupuesto, alegando que no hay fondos ni para ejecutar investigaciones pendientes ni para cubrir el sueldo de Patricia Benavides, en caso se ordene su reincorporación. Una situación que, como bien refleja la cobertura informativa de Simple Noticias, pone de relieve que la política, la justicia y la administración pública siguen entrelazadas en un nudo difícil de desatar.
